Bien es conocido por todos los ingenieros industriales, especialmente por los que se dedican a la realización de proyectos, el atasco de licencias ambientales que hay en el Ayuntamiento de Valencia.
Concretamente, el consistorio arrojó, a fecha de 30 de noviembre, la increíble cifra de 4.308 expedientes de este tipo de licencias pendientes de aprobar. Y no es un problema nuevo, desde mis inicios en la profesión de ingeniero industrial llevo escuchando la existencia de estos atascos y los estragos que causan en todo tipo de actividades económicas, como bares, comercios, oficinas, incluso grandes superficies, entre otros sectores, que incluso han abierto al público sin la pertinente licencia de actividad al no poder soportar más tiempo los costes fijos que supone tener un negocio cerrado debido a la demora de la licencia durante muchos meses e incluso años.
Por supuesto, este colapso, también afecta a los ingenieros y arquitectos que se suman a la larga lista de perjudicados al alargarse las tramitaciones de sus proyectos.
La realidad es que este problema es bien conocido por la Administración y mientras que en las anteriores leyes, ya derogadas, como la Ley 3/1989 de 2 de mayo, de Actividades Calificadas, y la Ley 2/2006 de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, no se hablaba de colaboración externa para el avance de los expedientes de licencias de actividad/ambientales, en la vigente, la Ley 6/2014 de 25 de julio de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, ya se introduce la colaboración para la agilización y reducción de plazos de resolución de este tipo de expedientes. Concretamente, en su artículo 23, se incorpora la posibilidad de externalizar la verificación documental de los expedientes, que posiblemente es la labor con más embrollo, y que posibilita que pueda ser realizada por los colegios profesionales u otras corporaciones de derecho público con atribuciones en esta área, generando el certificado de verificación documental, que es el que permitirá avanzar la tramitación del expediente hasta fases cercanas a la resolución.
Para legitimar esta externalización, el mismo artículo de la ley, prevé la firma de un convenio entre la Conselleria competente en materia de medio ambiente y uno o varios colegios profesionales. Es de señalar, que esta externalización no es algo baladí, ya que la ley vigente citada en este artículo, indica en su disposición transitoria tercera, que la verificación documental la realizará el órgano que resuelva el expediente en tanto no se proceda a la suscripción de convenios, es decir, de una forma provisional y dando por sentado que estos convenios llegarán cuanto más pronto mejor.
El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana cogió el guante y, el 1 de febrero de 2016, firmó el mencionado convenio con la entonces llamada Conselleria de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, comenzando la verificación documental de Autorizaciones Ambientales Integradas, instrumento ambiental sobre el cual tiene atribuciones resolutorias esta Conselleria, dejando en este convenio un anexo abierto al que pueden adherirse los ayuntamientos para, de la misma manera, externalizar la verificación documental de sus licencias ambientales, y al que, a día de hoy, está pendiente de adhesión el Ayuntamiento de Valencia.
A la vista de la cantidad de expedientes pendientes de resolución, indicada al comienzo de este artículo, de la incertidumbre a la que están sometidos los propietarios de establecimientos por la espera indefinida la licencia ambiental, de la previsión de lluvia de solicitudes que va a haber en los próximos meses con la llegada de ayudas europeas, de la reconstrucción o reconversión de todas las actividades económicas que han cesado, a raíz de la actual crisis económica y sanitaria del COVID-19, y la disminución de plazos de resolución de expedientes que la adhesión a este convenio le supondría a la ciudad de Valencia, ya no es una opción, si no una decisión estratégica, la unión de recursos entre nuestro Colegio Oficial de Ingenieros Industriales (COIICV) y el Ayuntamiento de Valencia.
Para este fin, volvemos a insistir al Consistorio, esta vez con la ayuda del portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Fernando Giner, quien tras escuchar esta exposición y ante la gravedad de la situación, se ha prestado a presentar y defender una moción en la Comisión de Desarrollo Urbano, donde ha solicitado la firma de este convenio y la adhesión de COIICV y el consistorio municipal.
El Ayuntamiento de Valencia podrá pasar a supervisión los expedientes que hagan falta, y que el COIICV tiene medios y profesionales de gran talla para absorber las cargas de trabajo que se precisen. Será una gran satisfacción colaborar con nuestros compañeros ingenieros industriales funcionarios para agilizar este proceso de tramitación de licencias ambientales.
Por Chema Cuenca, Ingeniero Industrial y miembro de la Junta del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana
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