El cambio climático se ha convertido en una realidad indiscutible inducida por la incontrolada emisión de gases de efecto invernadero (GEI), escenario que hace necesario la implementación de medidas de mitigación para reducir estas emisiones.

Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de España (PNIEC, 2020), España se ha marcado objetivos para el año 2030 que prevén una disminución de las emisiones GEI de al menos un 23% respecto a 1990, un 74% de renovables sobre el total de generación de energía eléctrica con la instalación de 39 GW de potencia de energía solar fotovoltaica, de los 9,1 GW instalados en el año 2020, entre otras renovables, lo que da una idea del gran esfuerzo que tenemos que realizar en los próximos años para cumplir con estos objetivos.

A estas ambiciosas metas hay que añadir el incremento tan notable del precio de la electricidad en los últimos meses y la incertidumbre de suministro debido, entre otros motivos, a factores geopolíticos que están poniendo en jaque a empresas y familias de nuestro país, especialmente a los colectivos más vulnerables.

En nuestra provincia el sector azulejero, tan importante para nuestra economía, está sufriendo esta volatilidad de los precios de una manera muy crítica. Esta tormenta perfecta está obligando a acelerar los planes para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la descarbonización de la energía que minimicen la incertidumbre en el suministro y nos garanticen unos precios estables, competitivos y socialmente justos. Todo ello ha despertado a multitud de actores dispuestos a invertir en renovables, espoleados también por la gran cantidad de fondos y ayudas disponibles, grandes inversores que están optando en mayor medida por extensas instalaciones en forma de centrales fotovoltaicas o comúnmente llamados huertos solares. España con un clima privilegiado es candidata perfecta para recibir estas inversiones.

Evidentemente todo este movimiento a favor de las renovables es muy positivo, no obstante, este “boom” solar fotovoltaico de grandes instalaciones nos tiene que poner en alerta para que todo este urgente proceso se haga de la manera lo más ordenada y sostenible posible.

En estos momentos hay unos 60 proyectos de huertos solares en trámite para la provincia de Castellón con una potencia aproximada de 1 GW que ocuparán una extensión de más de 19 millones de m2, que de ser aprobados por las AA.PP. pueden afectar a ecosistemas, tierras fértiles o la forma de vida y el paisaje de nuestra provincia. Así pues, hay que buscar un equilibrio entre esta emergencia energética y la adecuada implementación de estas instalaciones.

Evidentemente estamos absolutamente a favor de las instalaciones solares fotovoltaicas y de los huertos solares, pero deben realizarse considerando los principios del desarrollo sostenible en sus pilares económico, ambiental y sociocultural.

En un proceso bien planificado, se debería implementar las instalaciones solares fotovoltaicas usando en primer lugar todos aquellos espacios que el hombre ya ha modificado de manera considerable, como canteras abandonadas, vertederos, balsas de riego con sistemas flotantes, márgenes y medianeras de las autovías, polígonos industriales, cubiertas en zonas residenciales, fachadas de edificios con soluciones innovadoras e integradas, como pueden ser lo vidrios fotovoltaicos, etc. Siempre reduciendo al máximo los impactos ambientales y visuales. Solo en la provincia de Castellón tenemos más de 4.000 hectáreas de polígonos industriales, con ingentes extensiones de cubiertas de nuestras fábricas, espacios que debemos aprovechar al máximo para este tipo de instalaciones.

El uso de tierras fértiles de nuestra provincia, como las dedicas a la citricultura, son muy tentadoras dada la delicada situación de este sector, en la que los pequeños propietarios pueden pasar de perder dinero a obtener una renta. Esta alternativa hay que meditarla, ya que hemos constatado en la actual crisis bélica la importancia de garantizar los suministros procedentes del sector primario. En caso de utilizar tierras con valor agrológico, habría que intentar compaginar los huertos solares con cultivos, bien con invernaderos fotovoltaicos o utilizando los espacios entre paneles para cultivos compatibles con estas infraestructuras.

Un huerto solar no deja de ser una central productora de energía, y por tanto una industria. Es necesario definir en qué espacios del territorio podemos implementar estos proyectos, al igual que hacemos con la industria en los polígonos industriales. Esto agilizaría mucho su implementación al reducir en los procesos administrativos alegaciones de actores afectados.

En este contexto, proponemos algunas de las acciones posibles:

  • Las AA.PP. de la Comunitat Valenciana deben reforzar los incentivos al autoconsumo fotovoltaico, acompañados de campañas de sensibilización, que animen a invertir a empresas y al sector residencial. Las AA.PP. tienen que mejorar la planificación territorial participativa para definir los espacios donde se pueden ubicar los huertos solares, o al menos definir un conjunto de criterios claros que faciliten este proceso con alternativas sostenibles. Las AA.PP. deben realizar un esfuerzo para agilizar los expedientes de autorización y concesión de ayudas de todo tipo de instalaciones solares fotovoltaicas, y si es necesario, apoyándose en colectivos profesionales como el Colegio Oficial de Ingenieros de la Comunitat Valenciana. Las AA.PP. deben propiciar mayor participación de los agentes del sector de renovables locales, favoreciendo el empleo local y el reparto de riqueza entre las mypes.
  • Los agentes del sector de las energías renovables debemos proponer proyectos que sean sostenibles desde el punto de vista sociocultural, ambiental y económico. Nuestra responsabilidad y honestidad es clave en todo este proceso, considerando estos principios como una parte esencial de nuestras decisiones y propuestas, y no solo como un mero eslogan de marketing.
  • Las empresas locales deben apostar por el autoconsumo exprimiendo al máximo las ayudas públicas, lo que contribuirá a reducir sus costes y la dependencia energética.
  • La sociedad civil debe optar por el autoconsumo aprovechando las ayudas públicas, lo que redundará en importantes ahorros en la factura eléctrica. Al mismo tiempo, tiene que estar vigilante ante los proyectos que se puedan proponer en sus territorios, y hacer valer sus derechos ante posibles alternativas insostenibles.

En conclusión, apostemos decididamente por la solar fotovoltaica, y apostemos también por los huertos solares, pero no a cualquier precio.

Pensemos en ello y actuemos en consecuencia.

 

Vicente J. Molés

Dr. Ingeniero Industrial

Vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana