Por Bernardo Carrión, director de comunicación COIICV.
En los últimos años, en el entorno de los colegios profesionales se libra una batalla contra la liberalización de servicios, un requisito que supuestamente exige la Unión Europea para fomentar la libre competencia. Y afortunadamente, parece que desde estas entidades se ha conseguido desactivar la Ley de Servicios y Colegios Profesionales por segunda legislatura consecutiva. En la anterior, la última del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, circuló un borrador con propuestas delirantes que no pudo llegar al trámite parlamentario, en parte por la contestación que halló, y en parte por el adelanto electoral con el que acabó aquel mandato.
Y a la vuelta de estas vacaciones, también parece desactivado el intento del Ejecutivo, esta vez del Partido Popular, de hacer llegar hasta la Cámara Baja otro borrador que mantuvo a diferentes colectivos en pie de guerra hasta que asomó agosto. El nuevo texto allanaba el camino para la intromisión del Gobierno en el funcionamiento e incluso en la financiación de estos organismos y dejaba clara la desconfianza del Ejecutivo hacia ellos.
En esta ocasión, parece que el enfrentamiento que han mantenido los ministros de Economía, Luis de Guindos –empeñado en tramitar la ley—y el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón –en contra de hacerlo— se ha resuelto a favor del segundo. Se dice que Mariano Rajoy ha preferido no pegar patadas a un nuevo avispero porque considera que ya ha pisado demasiados callos en el presente mandato. Se acercan las citas electorales y el nuevo panorama político, con nuevos partidos que han irrumpido con fuerza, aconseja dejar de crearse enemigos.
Aunque sea por estos espurios motivos, la noticia es bienvenida para todas aquellas profesiones que llevan décadas organizadas a través de los colegios. Para defender sus intereses, sí, pero también para asegurarse de que el ejercicio profesional que prestan sus miembros es adecuado y beneficioso para la sociedad. Sin olvidar la gran variedad de servicios que ofrecen a sus asociados, como bolsas de trabajo, formación y cobertura legal.
En el caso de los colegios técnicos, y a pesar de las protestas, el hachazo se dio en 2010, cuando se decidió eliminar la obligatoriedad del visado, dejando solo unas pocas actividades en los que aún es condición necesaria visar los proyectos. Ello volatilizó una buena parte de los ingresos colegiales. Y ya se sabe: cuanta menos independencia económica, menos capacidad para influir. O al menos eso pensaba el Gobierno. Porque a pesar de las nuevas reglas de juego, los colegios han seguido funcionando a base de recortar plantillas, a veces, y de buscar nuevas vías de financiación.
Las dos leyes que se han quedado a las puertas del congreso en los últimos tres años no iban a fomentar la competitividad ni a liberalizar los servicios. Más bien parecían torpedos a la línea de flotación de los colegios, entidades cuya existencia está recogida en la Constitución y que han prestado un excelente servicio en su dilatada trayectoria. No sé si existe un afán por eliminar voces independientes y por lo tanto, susceptibles de emitir críticas, o realmente los políticos creen que el funcionamiento del mercado mejorará si desaparecen estas entidades que aglutinan a profesionales altamente cualificados.
Hay que recordar que los cargos orgánicos en los colegios no están retribuidos y que muchos colegiados entregan su tiempo y su esfuerzo sin recibir nada a cambio. ¿No es mejor que los colegios se mantengan así, o incluso de una manera más desahogada, a que se desguace una estructura que ha trabajado a pleno rendimiento para beneficio de nuestro país?
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